Si queremos hacer un ejercicio de intromisión en nuestra
realidad social sólo tenemos que irnos una mañana a la puerta de cualquier
ayuntamiento de este país. Si entramos en ellos o, nos quedamos en la puerta,
veremos el ajetreo de la mañana con vecinos y vecinas que vienen y van en la
gestión diaria de sus relaciones con el consistorio. Personas rellenando
infinitas solicitudes, técnicos y técnicas municipales corriendo para llegar a
algún despacho, conserjes y policías locales ordenando alguna cola que se forma
en el registro, alguna asociación mirando el tablón de anuncios para ver si se
ha tramitado algún tipo de subvención, personas con carpetas de gomillas azul
marino bajo el brazo y llenas de papeles enfadadas por algún ajuste de cuentas
con la administración. Un secretario o secretaria que se cruza, algún
enchaquetado que babea en la puerta de tesorería a la vez que los funcionarios
corren de un sitio a otro detrás de alguna firma que falta para tramitar cualquier
expediente. De fondo niños y niñas de algún colegio a la espera de que un
concejal les bendiga con una lección constitucional y democrática.
Si quiere usted hacer una intromisión en nuestra realidad
social acuda y haga un ejercicio de observación en cualquier ayuntamiento y
observe estas características.
Pero no deje de fijarse en la fila de la puerta de alcaldía,
aquella en la que normalmente no se sienta nadie, es "la fila de las otras”, la que nadie se fija porque las prisas y la
gestión diaria lo impiden. Es la fila de las que no tienen prisas, el tiempo se
les ha congelado. Allí están sentadas con una bolsa de la compra, algunos yogures, algo de leche en polvo y natillas “Reny Picot”.
Cabeza cabizbaja y manos entrecogidas esperando que alguien se dirija a ellas,
que le den la palabra. Un carrito de bebé que espera, una paciencia infinita,
una mirada corta y un informe que le limita acceso a cualquier prestación
social. Fíjense en el asiento de al lado, estará vacío y encima una bolsa de
plástico “Carrefour” llena de papeles,
entre ellos, dos facturas de la luz. Una la del mes anterior que no pudo pagar
y otra segunda que le avisa de que llega el corte de electricidad a la casa por
impago. Puede tratarse de que esa persona sea un/a pensionista, un/a
estudiante, un matrimonio, alguna o algún currante, un parado/a, autónomo/a o
alguna persona migrante.Si es cierto que en su mayoría mujeres valientes.
Correteando por el pasillo un alcalde/sa
o concejales de servicios sociales con las manos atadas sin capacidad de
intervenir porque alguien se bebió su competencia.
Esta última imagen es casi frecuente en cualquier
ayuntamiento, gente que a causa de la crisis económica forman parte de esas 7
millones de personas que tienen dificultades para pagar la luz en nuestro país.
Tras la crisis económica y las políticas tomadas por nuestros diferentes gobiernos,
nuestra precariedad ha aumentado de forma desorbitada. Un 20% de parados y
paradas y 3,5 millones de personas con ingresos por debajo de los 300 Euros
reflejan una realidad que nuestros gobiernos ignoran. Hace mucho tiempo que
dejaron de creer en la gente que forman este país para centrarse en las grandes
empresas del IBEX35.Las mismas que los hacen mantenerse en sillones estables y
cómodos de algún consejo de administración de alguna de esas empresas.
En todos estos años donde los sectores populares hemos
perdido además de derechos sociales poder adquisitivo, uno de los problemas más
importantes y cada vez más comunes junto a los desahucios es el del incremento
de la pobreza energética. Millones de personas no tienen recursos para pagar
los suministros básicos para la vida.
Según las organizaciones impulsoras de la iniciativa www.nomascortesdeluz.org 7 millones
de personas tienen dificultades para pagar la factura de la luz y más de 5
millones se quedarán sin calefacción durante este invierno.
En su manifiesto informan que “Causa importante de esta grave situación se encuentra en los aumentos
indiscriminados de las tarifas de la luz. Tan sólo en los últimos seis meses,
el recibo se encareció en un 25%. Las grandes compañías se niegan
sistemáticamente a realizar una auditoría que permita determinar los costes
reales de la producción eléctrica y promueven un sistema que favorece la
especulación. Es imprescindible que haya mayor transparencia para poder acabar
con los abusos en la factura eléctrica”.
La realidad nos muestra que cada vez nos encontramos con
facturas de la luz disparatadas que hacen que se nos haga más complicado poder
pagar los recibos. Mientras que tenemos que hacer malabares para no pasar frio
en invierno o poder llevarnos a la boca un plato caliente, vemos como los
grandes beneficios se los llevan las grandes compañas eléctricas que no hacen
más que crecer a costa de nuestros esfuerzos e incluso nuestras sentadas en las
“filas de las otras” en nuestros ayuntamientos.
Nuestra mirada ha de ser la de señalar a los culpables y
apoyar las concentraciones que se celebrarán hoy en nuestro país con el único
objetivo de que se respete el artículo
25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Observación general
Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según las
cuales un nivel de vida digno requiere de una vivienda adecuada con acceso a
suministros básicos como luz, agua y calefacción.
Las medidas que se reclaman son:
1. Prohibición legal de todos los cortes de luz a
familias con problemas económicos. Las eléctricas deberán dirigirse a
la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus
recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro
y el coste será asumido por las compañías.
2. Fin a los abusos tarifarios. Aprobación de
una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos
los consumidores domésticos en su primera residencia.
3. Creación de una auténtica tarifa social. Sustitución
del actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las
familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.
4. Reconocimiento y devolución por parte de las grandes
eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente
en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
5. Auditoría al sistema eléctrico. Realización
de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la
liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las
tarifas eléctricas.
6. Aplicación del tipo de IVA superreducido a la
electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial
para la ciudadanía.
Desde Izquierda Unida y el PCE apoyamos estas medidas y hemos firmado
el manifiesto pero entendemos que tenemos que ir más allá. Tenemos que
recuperar la luz como un derecho humano y para ello entendemos que las compañías
eléctricas deben de ser recuperadas para el estado.
La energía es un bien estratégico que no puede ser utilizado
por empresas para especular y obtener beneficios. La energía debe de estar
asegurada para el interés general de la población. No vale hacer de aspectos
tan esenciales como la electricidad o el agua, necesarios para el sustento de
nuestras vidas, una mercancía.
La recuperación por parte del estado de estas compañías nos
permitiría entre muchas cosas imponer un precio en la electricidad asumible
para todas y todos. En otro sentido reconvertiría la energía en un valor de uso
evitando la especulación y la obtención de grandes beneficios para unos pocos,
permitiría un control público sobre la gestión de la misma con criterios de transparencia
y convertiría el consumo de energía en un derecho garantizado para todas y
todos sin importar la situación social y económica en la que nos encontremos.
Hoy hay multitud de movilizaciones convocadas en nuestro
país exigiendo al gobierno de la nación que cumpla con los derechos humanos,
aquellos que ellos han puesto en venta y vulneran sistemáticamente a cambio de algunos “Kilovatios Luz” para mantener la boca cerrada.
Y si vamos por la calle y nos encontramos a un señor del PP,
PSOE u/o Ciudadanos dígámosle. Si nos marean con muchas palabras complejas y
justificaciones le enseñamos este artículo de la Constitución que tanto dicen
defender. Si no nos contestan o se justifican más de tres minutos pensemos que en
este país desde el “78” todo parece dejar de tener sentido y eso ya es más
preocupante.
Artículo 128 de la Constitución Española:
- Toda
la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su
titularidad está subordinada al interés general.
- Se
reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se
podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales,
especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de
empresas cuando así lo exigiere el interés general.
#QueNoNosJodanLaVida