Si existe
algo claro de los resultados que están provocando los efectos de la crisis, es
que todo el sufrimiento y las
consecuencias de este sistema económico siempre las pagan los mismos, es decir,
LOS DE ABAJO. El propio Joan Rosell, presidente de la CEOE y miembro de la
élite económica de este país, manifestaba
en el programa de TV
“SALVADOS” lo siguiente:
-
Jordi Évole: ¿Está de acuerdo con que
existe una élite que ha perdido muy poco con le crisis y que hay ciudadanos que
sí han perdido muchísimo?
-
Joan Rosell: “Son los de abajo y muy abajo
los que han perdido muchísimo”. “Los de arriba, también han perdido, pero como
tienen más ( de lo que pierden) aguantan
y aguantan muy bien…eso es así y estadísticamente es así”.
La
respuesta del presidente de los empresarios es la constatación de la actual
guerra en la que nos encontramos inmersos entre “Los de Arriba” y “los de
Abajo”, es decir, es la constatación de que “la lucha de clases” existe y
además mientras muchos y muchas la niegan, son ya demasiados compañeros y
compañeras los que se están quedando en el camino. Nos encontramos ante una
batalla en toda regla entre una guerra de intereses.
Ante esta
situación de lucha y de batalla, si algo tienen claro los de Arriba es que hay que desarmar al adversario,
hay que desarmar a LOS DE ABAJO. Para ello los de Arriba tienen claro que hay
que desarmar a los mismos por tres vías:
1)
La Educación: porque es el cerebro de la
operación de los de Abajo.
2)
La Sanidad: porque es la vida, el oxigeno de
los de Abajo.
3)
Los Servicios Sociales: porque es la defensa, el escudo,
la resistencia a la falta de recursos para satisfacer las necesidades mínimas.
De todos
los golpes que estamos recibiendo por los de Arriba, yo me quiero centrar en
este último, en la defensa de los de Abajo, en resistir el ataque neoliberal
cubriendo las necesidades de la población desde el sentido más humano.
De los
tres pilares, los Servicios Sociales, es
del que menos se habla y no por ello más o menos importante, es otra
herramienta de guerra de LOS DE ABAJO y por tanto está en la agenda de
objetivos a eliminar por la derecha europea y española, es decir, LOS DE
ARRIBA.
Los “Servicios Sociales”, o mejor dicho, “El
sistema Público de Protección Social”,
han supuesto en nuestro país una serie de actuaciones sociales
cuyos objetivos han sido, perseguir el
bienestar en la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas.
La
realidad actual es bien distinta, y su concepto empezará pronto a volver a
redefinirse por los teóricos del trabajo social.
En el
último año, el gobierno del PP, ha manifestado a través de varias vías una
serie de reformas que están propiciando un desmantelamiento en toda regla de
tales servicios. Se trata de un ataque directo a todo lo conseguido durante más
de cien años en lo que respecta al mundo de la ciencia del trabajo social en su sentido jurídico, histórico y social.
La situación de las familias en los municipios es insostenible, tras la reforma
laboral aprobada por el PP, hoy hablamos de 6.000.000 millones de parados y de
paradas a los cuales en un porcentaje alto se les han agotado las prestaciones
sociales. Hay que sumar que las condiciones de vida de la clase trabajadora
está empeorando: aumento del IVA,
pérdida de poder adquisitivo de las clases populares, han disminuido los recursos dedicados a Sanidad, Educación,
Cultura, los parados de larga duración (más de 1 año) son ya más de la mitad
del total y los jóvenes menores de 25 años en paro superan el 53,5%.
Hay que
resaltar cuatro medidas desde la entrada del Partido popular al gobierno que
han marcado al sistema público de protección social:
1)
Abril del 2012: El gobierno del PP provoca un recorte presupuestario en materia
de atención a la dependencia de un 5,7% sobre lo presupuestado en el ejercicio
anterior, una cantidad que, traducida a cifras reales, supone 81 millones de euros menos. A la vez,
el Plan Concertado pasa de cerca de 86
millones de euros a alrededor de 50, por usar cifras redondas. No se conocía un
recorte así desde su creación en los ochenta.
2) Diciembre del 2012: El
gobierno del PP elimina las subvenciones para la tele-asistencia y además
elimina la financiación de los Planes concertados.
3) Enero del 2013: Reforma de Ley de Bases de
Régimen Local, si
no les parecía poco la situación precaria que sufrían los Ayuntamientos para
dar respuestas a las necesidades que esta crisis está generando en la clase
trabajadora, de un pincelazo nos quieren quitar a los ayuntamientos todas las
competencias que las administraciones locales tienen en materia de Servicios
Sociales para entregarlas por completo a las comunidades autónomas y a las
diputaciones, rompiendo de esta manera
con todo el desarrollo del Trabajo Social en España como a lo largo del articulo desarrollaré.
Detrás de
los diferentes recortes económicos en sanidad y en educación, existe la pretensión de implantar un modelo ideológico que yo definiría como neo-católico. “Neo” por su identidad económica liberal, y católico: Por la búsqueda de una herramienta de re-construcción de
hegemonía ideológica. Es decir estamos
ante la privatización de todos los servicios que ofrece nuestro sistema público
de servicios sociales y además la sustitución de un modelo público y de calidad
por otro modelo basado en la beneficencia o en la caridad.
La
caridad forma parte de la historia del trabajo social y significó una
considerable influencia en la vida civil desde la edad media, se define
como “la ayuda a los demás por amor a
Dios”. Es una conceptualización muy humanista cuya principal práctica es la
limosna. Con el desarrollo de la Revolución Industrial y la aparición de
partidos políticos y sindicatos en el siglo XVIII, se empiezan a exigir
mecanismos legales que entiendan tal ayuda como un sistema jurídico y universal
que convirtiera la ayuda social en un derecho de toda persona garantizado desde
la administración pública. Se enfrentaban el concepto de caridad y justicia
social. De estos debates y de estas
prácticas han surgido distintas síntesis que han desarrollado los principios
que han marcado el origen de los servicios sociales en España y en Europa. Hay que señalar:
-
La Ley de la beneficencia de 1822: es el primer Plan organizativo
de la beneficencia pública. Son los Ayuntamientos los órganos encargados de
asumir competencias en servicios sociales.
-
Ley de la beneficencia de 1849: Un paso más en la intervención
pública, ahora los fondos de la beneficencia particular se ponen al servicio de
la asistencia pública.
-
II República: aparece la “Asistencia social pública” como elemento de superación de la
beneficencia.
-
Ley de Bases de la Seguridad
Social de 1963 la
cual permitió la integración de los
servicios sociales al sistema público de protección social.
-
Con
la Constitución de 1978
se van constituyendo las distintas comunidades autónomas y a su vez la
aprobación de sus estatutos de autonomía y leyes que describían las
competencias en materia de servicios sociales.
-
Ley
Reguladora de Bases del Régimen Local de 1975: supuso para los Ayuntamientos el
ejercicio de competencias en materia de “asistencia social”.
-
Ley de
Bases de Régimen Local de 1985: Supuso un verdadero cambio al convertir la
asistencia social en un sistema de Servicios Sociales.
Es
importante resaltar el papel de los ayuntamientos a lo largo de la historia del
trabajo social ya que han sido siempre
el medio más cercano a los ciudadanos y ciudadanas para la prestación de
Servicios Sociales y su importancia en la gestión de los servicios debe de ser
considerable.
La actual
constitución y su marco político, al que tanto se refieren los dirigentes del
Partido Popular, reforzó el papel de los ayuntamientos al establecer que “la
Constitución garantiza la autonomía de los municipios” (Art. 140). Este
protagonismo ha sido desarrollado gracias a las crecientes demandas sociales y
firmes luchas a lo largo de la historia por parte de los trabajadores y
trabajadoras ante sus ayuntamientos, la administración que mas cercana les
resultaba.
De estas
luchas y el proceso histórico-evolutivo de los Servicios Sociales en nuestro
país aparece como herramienta El Plan
Concertado para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de
1988, el cual genera un sistema público y gratuito en el ámbito municipal
de servicios sociales. De esta manera se ha constituido en los ayuntamientos en
los últimos veinte años un sistema jurídico público de servicios sociales con
carácter autónomo de otros sistemas. Las prestaciones que ofrecen dichos
servicios municipales han sido varias
como: Servicios de información, valoración y orientación, prestaciones
económicas, Ayuda a domicilio, convivencia y reinserción social etc...
Actualmente
estamos presenciando el desmantelamiento de los Servicios Sociales por parte
del Partido Popular con la excusa de cumplir los objetivos de déficit y las
condiciones impuestas por la “troika”. Se considera prioritario el pago de la
deuda, antes que las necesidades en Educación, Sanidad y Servicios Sociales de
acuerdo con el sentido de la reforma del Art. 135 de la Constitución, por
cierto pactada con el PSOE.
Tal
desmantelamiento está provocando una pérdida de recursos en la administración
pública, esto genera una nueva situación donde asistimos al clásico debate que
ha marcado la historia del trabajo social: caridad,
beneficencia o asistencialismo y justicia social.
Actualmente
las organizaciones benéficas y caritativas están ocupando espacios donde no
llega la administración pública, pero aún así, por la falta de recursos se
generan espacios a los que tampoco llegan tales organizaciones caritativas ni
tampoco la administración pública. Aquí se encuentra el gran problema. ¿Quien ocupa ese espacio de exclusión social? Aquí es cuando los
dos modelos empiezan a enfrentarse y se originan ciertos problemas como la
falta de optimización de recursos, aumento de marginación social y lo más
importante, se produce una falta de
definición de funciones.
Esto último puede ser lo más peligroso. En esa
lucha por llegar a un sector de la población, ambos modelos empiezan a
confundir funciones y aparecen organizaciones de beneficencia jugando a veces
el papel de servicios sociales y por el contrario, nos encontramos a veces a la
propia administración pública con tonos de prácticas caritativas.
De este
proceso pueden surgir varias hipótesis que definirán el futuro de los servicios
sociales en nuestro país:
Por un
lado, si el sistema sigue desmantelándose, acabaremos con un sistema público y
universal totalmente desarticulado en el que no se garantizará la justicia
social como vara de medir y articular mecanismos que garanticen unos mínimos
derechos en materia de atención social.
Por otro
lado, si somos capaces de frenar este proceso de desestabilización de los
Servicios Sociales públicos podremos reforzar nuestro escudo y nuestra
resistencia para afrontar la realidad con criterios de justicia social,
universalidad y de calidad en la atención de las personas que se encuentren en
una situación de exclusión y pérdida de derechos.
Está en
nuestras manos luchar porque la síntesis superadora entre el debate existente
sea la última opción y no volver de esta manera a sufrir un retroceso de más de
cien años en derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras en
materia de servicios sociales.
Los
servicios sociales son el escudo de los de Abajo frente a los ataques de los de
Arriba, si nos los quitan, será más difícil defendernos de los futuros
golpetazos que los capitalistas están acostumbrado a darnos para seguir
acumulando beneficios.
“La
caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la
solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo”.
(Eduardo Galeano).
